El edificio del Banco de España en la madrileña plaza de la Cibeles, lugar donde se almacenaban las reservas de oro. (Haga clic sobre la foto para verla ampliada)
EL BANCO DE ESPAÑA DURANTE LA GUERRA CIVIL.
EL ORO DE PARÍS Y EL ORO DE MOSCÚ.
Por Javier Egido
En 1880 se estructura el Banco Nacional para la emisión única de billetes en España y se decide construir una sede más acorde con sus necesidades que la que hasta entonces ocupaba en la antigua Casa de los Cinco Gremios (hoy Dirección General de la Deuda Pública) en la calle Atocha 13 y 15. Para ello se inicia una serie de adquisiciones de edificios y solares en la manzana que actualmente ocupa: el palacio de Alcañices, la iglesia de San Fermín de los Navarros, parte de los jardines de la Escuela de Ingenieros de Caminos y unos solares en la esquina del paseo del Prado con la calle de los Madrazo, pertenecientes al marqués de Larios. En 1882 comienzan las obras del edificio, según proyecto de Severiano Sainz de la Lastra y Eduardo Adaro, proyecto que obtiene la medalla de oro en la Exposición de Bellas Artes, sección de Arquitectura, en 1884. Las obras finalizan en 1891. La primera ampliación es de José Yarnoz en 1927 y se aprovechó para instalar la impresionante cámara acorazada. Finaliza en 1934, y se prolonga a lo largo de la calle de Alcalá, sobre los solares de tres casas de vecindad, propiedad de la duquesa de Nájera, que habían sido adquiridas unos años antes. Sigue las líneas del edificio inicial, de forma que su composición está perfectamente integrada sin notarse la zona de ensamble, que se realiza a través del núcleo central de la puerta de la calle de Alcalá. La siguiente ampliación se realiza entre 1969 y 1975 a lo largo de las calles de los Madrazos y Marqués de Cubas por el arquitecto Javier Yarnoz, hijo del anterior, que se desvincula por completo de las trazas iniciales. La última ampliación, que finalizó en 2006, está firmada por Rafael Moneo sobre el solar de manzana situado en la calle de Alcalá con Marqués de Cubas, en el que se levantaba el palacio de Lorite o la Banca Calamarte, que con proyecto de José Lorite se había construido en 1924. (1)
Pero, ¿qué papel tuvo el Banco de España durante la Guerra? El Banco de España tenía la responsabilidad de vigilar el sistema financiero. Era la gran referencia para la política en materia de finanzas y moneda. Siguiendo a José Ángel Sánchez Asiaín, las actas del Consejo ofrecen poca información pues la mayoría de temas tratados fueron meramente administrativos o burocráticos. Ponen de manifiesto un Consejo con mucho miedo, y al que, a juzgar al menos por las actas levantadas, no se le tuvo enterado de lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos en el país, ni incluso en algunos momentos sobre lo que estaba pasando en el propio Banco de España. Tampoco se le reconoció por las autoridades políticas ningún papel en las decisiones económicas y financieras que se iban tomando, con la única excepción, necesaria, de las que se adoptaron sobre el proceso del traslado del oro. A los pocos días del comienzo de la guerra una parte sustancial del sistema financiero había quedado fuera del control del Consejo General del Banco de España en Madrid. Porque, a partir del 18 de julio, aproximadamente un 35% de las sucursales del Banco de España estaba ya residenciada en territorio bajo jurisdicción de los sublevados quienes, por otra parte, ya estaban creando una estructura financiera paralela, y que se había independizado del Consejo de Madrid al que las actas se referían. Esos primeros días las autoridades republicanas ya estaban tomando medidas de urgencia para enfrentarse con los problemas monetarios que la separación territorial estaba planteando.
En el Acta del 15 de julio se da cuenta de la muerte de Calvo Sotelo, que era funcionario del Banco. El conde de Limpias pidió una ayuda para la familia. Se tomó el acuerdo de que la viuda y los hijos siguieran percibiendo una cantidad igual a la que éste tenía asignada por razón del cargo que desempeñaba en el Banco. El 19 de julio se había suspendido la actividad de las bolsas de valores durante 48 horas. El gobierno de la República ya había tomado medidas urgentes sobre las transacciones comerciales, suspendiendo las operaciones de carácter mercantil que implicaran movimientos de fondos en los establecimientos de crédito.
Desde el punto de vista financiero, la República, a través de autoridades ajenas al Banco de España, empezaba a tomar decisiones para enfrentarse a la crisis que se le venía encima. El 19 de julio, se había limitado a 2000 pesetas la cantidad máxima que los clientes de bancos y cajas de ahorro podían retirar durante el plazo de 48 horas de cuentas corrientes y depósitos. Se trataba de impedir un episodio de desajustes financieros y la alarma social que ello podía producir. Es decir, se intentaba frenar el acaparamiento de dinero que podía desestabilizar aún más la sociedad.
Según avanzaba el mes de julio estaba claro que el Banco de España había dimitido de su función de vigilar la circulación fiduciaria, que para entonces ya era caótica. Era irregular también que el Consejo no conociera el alcance de la segregación de los activos y del personal que había supuesto la sublevación. Y lo que es peor, a través de las actas queda claro que el Banco de España en Madrid estuvo desinformado a lo largo de la guerra de la estrategia que quería seguir el Gobierno y de lo que pasaba en el país en temas que le afectaban directamente y, encima, que en determinados momentos tuvo dificultades para conocer su propia realidad interna.
Hasta el 6 de noviembre los Consejos se celebraron en Madrid. Desde el 9 lo hicieron en Valencia. Sabemos que aproximadamente un 65% de los efectivos bancarios habían quedado en el lado republicano, frente a un 35% del lado franquista. Quiere decir que la tercera parte de las oficinas bancarias se salieron automáticamente de la disciplina de éste, quedando al margen del balance del Banco de España. Esto implicó dos extrañas consecuencias: Una, el Banco de España no reconoció hasta muy entrada la guerra, que una parte realmente sustancial del número de oficinas no dependía ya de su organización, y que por lo tanto su capacidad operativa estaba muy mermada. Otra, aún más sorprendente, los Presupuestos de la República para 1937, 1938 y 1939, se referían formalmente a la totalidad del territorio, tanto a efectos recaudatorios como a efectos de gastos, es decir, que se definían para todo el territorio nacional. Era una situación totalmente anómala, al margen de la realidad.
El control financiero de las autoridades monetarias de la República fue decreciendo progresivamente durante la guerra. El despilfarro financiero fue descrito por Julián Zugazagoitia en el capítulo 30 de su obra “Guerra y vicisitudes de los españoles”, cuando trata el tema del oro del Banco de España y las dificultades de Negrín en el Ministerio de Hacienda, denunciando lo que la República toleraba en este campo. En concreto comenta de Negrín:…”le he oído lamentarse de haber tenido necesidad de tratar con demasiado granuja. Su tarea como ministro de Hacienda no podía ser más ingrata”. Y la narración que hace de la situación es patética:” Los españoles, por fin, gracias a la guerra, habían conseguido su sueño dorado: tener un sueldo fijo del Estado. Los presupuestos ministeriales crecían de forma increíble. Los créditos extraordinarios sobrepasaban, en diez veces o más, las consignaciones normales. Nuestro territorio menguaba, pero la burocracia crecía. Todas estas alegrías obligaban a Hacienda a mover con mayor celeridad el rodillo de las emisiones de papel moneda. Trabajo en el que tenía competidores aventajados: Gobiernos autónomos y municipios, con un trozo de papel y un sello de goma, hacían emisiones propias. Vencer de estas libertades no fue trabajo sencillo. Tampoco lo fue limitar las exportaciones fraudulentas de metales y productos agrarios, ni reducir, a proporciones razonables, el consumo de gasolina. La retaguardia republicana no era, en ningún aspecto, un modelo de colectividad ordenada. El esfuerzo por traerla a mandamiento fue durísimo. Los partidos y las organizaciones sindicales se limitaban a llenar de buenos consejos las fachadas de sus casas, pero nadie admitía que el consejo le afectase personalmente en lo más mínimo; lo suponía referido al vecino. Los trabajos se llevaban con cadencia habanera (…) En Hacienda se traducía en un dispendio innecesario de divisas o en un aumento de la inflación.” (2) La realidad, por tanto, fue el escaso control del Banco de España de las operaciones financieras (control de gastos, control financiero, precios e inflación).
El gobernador del Banco el 18 de julio era Luis Nicolau d´Olwer, nombrado en el mes de marzo anterior, en cuyo puesto continuó hasta terminada la guerra. El subgobernador primero era Pedro Pan que huyó a Burgos nada más terminar el Consejo del día 15 de julio. Fue cesado el 4 de agosto de 1936 y sustituido por Julio Carabias. El 14 de agosto fueron suspendidos de sus funciones todos los consejeros que se habían adherido a la sublevación. Ceses y dimisiones provocaron que, con frecuencia no se conseguía reunir el quorum suficiente para alcanzar las mayorías que los estatutos establecían. A pesar de que en diciembre de 1937 se intentó paliar esta situación, el Banco de España casi siempre tuvo problemas para tomar decisiones.
La Junta General de Accionistas celebrada en Barcelona por la República, ya casi perdida la guerra (8 de enero de 1939) tenía como objetivo presentar la actuación del Banco de España ante sus accionistas para que reforzasen con su voto las acciones del Gobernador ante los tribunales extranjeros para reivindicar el patrimonio del Banco. Así pues la principal preocupación era el “oro”, que constituía el mayor problema en aquellos momentos, en función de las reclamaciones planteadas ante los tribunales de justicia de distintos países para reivindicar aquella parte de los activos del banco situados desde antes de la guerra en poder de los corresponsales. En ella se presentó para su aprobación el balance a 30 de abril de 1938. Pero, en realidad, a tres meses de finalizar la guerra y cuando ya se podía prever que era la última intervención ante los accionistas, el objetivo principal del gobernador no era otro que dar su versión sobre el proceso de salida del oro y justificar su gestión.
Para el gobernador lo primero era determinar dónde debía radicarse la responsabilidad de haber tomado la decisión de trasladar el oro. Y dejó claro que esa responsabilidad era del Consejo de Ministros (Decreto de 14 de septiembre de 1936). Habló de las ventajas del traslado para que no cayera en manos franquistas, y así salieron de Madrid 700 toneladas de oro y 3000 toneladas de plata. Desde ese momento, la custodia corresponde al gobierno y no al Banco. En realidad la Junta se había convocado exclusivamente para presentar esta propuesta y lograr su aprobación (el reconocimiento del gobernador Luis Nicolau d´Olwer como legítimo representante del Banco ante los Tribunales franceses y todos los Organismos con los que mantiene relación en el exterior el Banco de España). Porque la casi suspensión de pagos de la República en aquellos momentos, la necesidad imperiosa de pagar un material bélico que se creía vital para no perder inmediatamente la guerra, y cuya recepción en España solo dependía de que se dispusiera de los recursos para ello, exigía la urgente recuperación del oro de Mont de Marsan, sucursal del Banco de Francia. El hecho de que la recuperación estuviera pendiente de que un tribunal francés diera por bueno que d´Olwer era el legítimo gobernador, justificaba la existencia de la Junta y la presión que se estaba haciendo sobre los accionistas. (3)
La venta de las existencias de oro y plata se inició por la República inmediatamente después del golpe, siendo presidente del Gobierno José Giral (19 de julio de 1936). Proceso que, siguiendo al profesor Ángel Viñas, podemos diferenciar en tres etapas: Una primera, de ventas a Francia. Otra posterior, de ventas de las reservas trasladadas a Moscú. Y una última, de ventas de plata. Sin el oro la resistencia republicana hubiese sido imposible y la guerra quizás hubiera terminado en unos meses. (4)
Este gobierno va a poner en marcha un mínimo y rápido mecanismo de defensa: la distribución de armas a las organizaciones sindicales y la ulterior creación de milicias que complementaran los cuadros regulares de las fuerzas armadas que siguieron siendo fieles a la República, y el recurso, el mismo 19 de julio, a la ayuda francesa solicitando material de guerra al gobierno frentepopulista presidido por Léon Blum. Pero se dio un tercer plano de actuación del gobierno Giral que es el financiero y que tiene como característica más espectacular la decisión de movilizar para la guerra el oro del Banco de España. Ponía en movimiento el mecanismo más notable con que contaron los republicanos para hacer frente, en la esfera de los pagos internacionales, a los problemas que suscitaba la financiación exterior de la guerra civil (5)
La primera decisión republicana está fechada el 21 de julio, un escrito del ministro de Hacienda Enrique Ramos al gobernador Luis Nicolau d´Olwer, previa autorización del Consejo de Ministros, para vender oro por valor de 25.220.000 pesetas, para la compra de material bélico francés. El día 24 de julio se avisaba telegráficamente al Banco de Francia que la Central madrileña procedería a remesar oro a París por vía aérea, como se había hecho otras veces en época de paz, si bien esta vez con destino a su venta para adquirir francos papel. El gobierno republicano necesitaba urgentemente en el exterior divisas para la compra de armas y material y para el pago de servicios. Madrid vivía días febriles. La primera parte de la remesa de oro, consistente en 18 cajas que contenían las 144.000 libras esterlinas oro que obraban en poder del Banco de Francia. Se hicieron otros dos envíos que en total, las tres remesas iniciales, importaban 432.000 libras esterlinas oro que se vendieron al Banco de Francia el mismo día 30 de julio obteniéndose a cambio poco más de 53 millones de francos papel. (6)
Los días 3, 5 y 6 de agosto se enviaron nuevas remesas de oro a París por un importe de 136.000 libras esterlinas oro en cada caso que se vendieron inmediatamente al Banco de Francia. A mediados de agosto Francia y Gran Bretaña establecen la “No intervención” sobre la Guerra de España, medida que perjudicará ostensiblemente al Gobierno legítimo de la República.
Las relaciones entre el Banco de España y el Gobierno las fijaba la Ley de Ordenación Bancaria LOB. Al filo de la guerra civil, el Banco de España seguía siendo una sociedad anónima con un capital de 177 millones de pesetas (354.000 acciones nominativas de 500 pesetas cada una). Como el Estado le había concedido el privilegio de emisión, estaba sujeto a cierto control por parte del gobierno (nombramientos de gobernador y dos subgobernadores). El Consejo del Banco, baluarte de la oligarquía, estaba constituido por 21 miembros (15 elegidos por los accionistas, uno por los bancos/banqueros, otro por el consejo Superior de Cámaras Comercio, Industria y Navegación, otro por las confederaciones agrícolas y los 3 restantes por el Gobierno).
El Banco estaba obligado por la LOB a la compra de oro cuantas veces fuera conveniente, salvo acuerdo en contra del Consejo de Ministros. Además no podía reducir sus stocks de metal sin autorización del gobierno y se fijaban las garantías mínimas de la circulación monetaria.
La LOB exigía disponer de una determinada garantía metálica en oro y en plata que respaldara la circulación monetaria. Por tanto, la exportación del oro se permitía en la medida en que las reservas metálicas superasen el límite que correspondiera a la garantía necesaria para una circulación monetaria (desde 4.000 millones de pesetas en circulación, la garantía debería ser del 45% (40 en oro y 5 en plata), hasta 6.000 millones con garantía del 60% (50 y 10 respectivamente). O cuando el Banco interviniese en operaciones monetarias decididas por el gobierno para estabilizar el tipo de cambio de la peseta. En las condiciones financieras de los años 30, con la desintegración ya avanzada del sistema monetario internacional, las remesas de oro al exterior eran frecuentes.
Con la llegada al Gobierno de Largo Caballero, con Negrín como ministro de Hacienda el 4 de septiembre de 1936, es evidente, con relación al oro, que las reservas del Banco de España eran fundamentales para la resistencia republicana. Gracias a ellas podían adquirirse divisas, mediante la venta del metal al Banco de Francia, con las cuales comprar armas. Además los sublevados avanzaban rápidamente hacia Madrid y no era descartable que pronto pudieran interferir en las habituales actividades de comunicación y abastecimientos.
Desde el 24 de julio al 4 de septiembre de 1936 se había enviado oro al Banco de Francia en 19 ocasiones (una cuarta parte de las reservas). Envíos que no habían pasado desapercibidos y fueron recogidos por la prensa internacional. Los sublevados habían iniciado una serie de quejas ante gobiernos extranjeros, sobre todo el inglés y el francés, que luego irían repartiendo hacia Bancos, tanto comerciales como oficiales.
A Negrín y Largo Caballero se les planteaba, pues, como problema inmediato, fundamental, asegurar la continuidad de la operación, amparada en préstamos obligatorios del Banco de España al Tesoro. Hoy sabemos, que para dar cobertura legal, el Gobierno Giral se había dotado del Decreto reservado de 30 de agosto de 1936, en el que se autorizaba al ministro de Hacienda para disponer que por el Centro Oficial de Contratación de Moneda (COCM) se situara en el extranjero en una o varias remesas y por cuenta del Tesoro, la cantidad de francos franceses que se estimase adecuada para atender los gastos que las necesidades de la campaña impongan, como el decreto, también reservado, que de manera particular, autorizó el traslado del metal, de 13 de septiembre de 1936. Éste último, firmado por el Presidente de la República, autorizaba al Ministro de Hacienda poder transportar el oro, plata y billetes, con las máximas garantías, al sitio adecuado. (7)
Poco después de asumir la cartera de Hacienda, Negrín se reunió con Amaro del Rosal, dirigente de la Federación de Banca de UGT, en presencia de Francisco Méndez Aspe, director General del Tesoro, a los que pidió su colaboración. Establecieron un plan para preparar el embalaje que facilitase y garantizase su transporte. El día 14 de septiembre, lunes, se reunió el Consejo para tomar conocimiento de lo decretado por el gobierno. Muchos consejeros se opusieron terminando por pasarse a los franquistas. El subgobernador primero Julio Carabias desarrolló la argumentación más elaborada en favor de la tesis del Gobierno: si no se producía el traslado podía caer en manos de los rebeldes.
La evacuación del oro se inició el mismo día 14, por tren, con destino a los polvorines de la Algameca, en la base naval de Cartagena. El lugar era idóneo pues el Gobierno de Madrid controlaba absolutamente todo ese territorio. Era una base naval que estaba alejada del teatro de operaciones y desde ella existía la posibilidad de, llegado el caso, evacuar por vía marítima las reservas a cualquier otro lugar o transportarlas por vía terrestre dentro de la zona republicana. El control de la carga lo llevaron por turnos Méndez Aspe y José María Rancaño. El traslado desde la Plaza de la Cibeles hasta la estación del Mediodía (Atocha) estuvo controlado por fuerzas de carabineros, milicias y miembros de la Motorizada.
Como representante del Banco en la expedición se designó al clavero Esteban Pérez Joanico. El primer convoy llegó a Cartagena el 16 de septiembre a las 16:30. Las 800 cajas que componían la expedición inicial se guardaron en los polvorines, terminando los trabajos el día 17 a las 2:30 de la madrugada. Dada la variedad de gente que participó en la operación era difícil mantener el secreto de la llegada. Continuamente se informaba a Madrid por telegrama de la marcha de las operaciones. Mientras, los equipos que trabajaban en la Central continuaban preparando nuevos envíos. El 17 se expidieron 1.860 cajas; el 18, 1.780; el 19, 2.357; el 20, 1.930 y el 21 de septiembre al menos 1.237. En total fueron 10.000 las cajas enviadas a la Algameca.
A Cartagena se trasladó no solo el oro sino también valores y billetes en cantidades difíciles de precisar y, por supuesto, la plata depositada en Madrid. Si las remesas de oro terminaron hacia el 21 de septiembre, las de plata comenzaron 48 horas más tarde, remitiéndose este metal en varias expediciones desde el 23 de septiembre hasta el 10 de octubre y, posteriormente, el 6 de noviembre de 1936.
El valor del oro evacuado puede cifrarse en un máximo de 1.734.166.767 pesetas-oro, importe que también fue comunicado por el Banco de España reunificado al fiscal instructor del oportuno sumario en el Juzgado militar especial de Banca y Bolsa Oficial tras la Guerra Civil. El peso del metal evacuado estaría próximo a 559 toneladas, como mínimo.
El 27 de septiembre, mientras rodaban los trenes con la plata, Toledo caía ante las tropas franquistas.
La decisión de evacuar las reservas fue una medida prudente, plenamente justificada. Aun cuando existiera la posibilidad de resistir en Madrid, eliminar la posibilidad de que el oro y la plata cayeran en manos del enemigo era un objetivo lo suficientemente importante para otorgarle una prioridad absoluta.
Con las reservas metálicas en Cartagena, el Gobierno se aseguraba totalmente el control de los recursos que le permitían continuar la guerra y adquirir armas y material en el extranjero. Es más, mostraba ante el único Gobierno que conocía la magnitud de la movilización del oro que la operación podría proseguir: Francia no ignoraría que la evacuación de las reservas desde Madrid mantenía la posición financiera exterior de la República. De hecho las remesas al país vecino no se detuvieron: desde el 14 de septiembre los envíos por avión se hacía ya a Toulouse, en vez de a Le Bourget, cerca de París. Casi diariamente (excepto en el periodo del 18 al 20 y del 26 al 28 de septiembre) se trasladó oro a Francia. (8)
Desde Cartagena existía la posibilidad de aumentar considerablemente las remesas. Si hasta entonces se habían hecho por avión, el 26 de septiembre se recurrió por fin a la vía marítima. En tal fecha se cargaron 250 cajas con destino a Marsella y en los primeros días de octubre se remitieron otras tantas a la misma ciudad por igual procedimiento. En ambos casos se envió oro por valor nominal de unos 50 millones de pesetas-oro, equivalentes casi a 15 toneladas de oro fino y a unas 17 toneladas de oro aleado en cada expedición. Tales envíos se conocieron enseguida por la prensa francesa. Así pues, la evacuación de las reservas facilitó su venta a Francia. En la segunda quincena de septiembre habían salido cerca de 10 toneladas de fino. En octubre, fueron ya 52 toneladas las trasladadas.
El 14 de agosto los sublevados, en un Decreto de la Junta de Defensa Nacional, habían caracterizado las exportaciones de oro como delito de traición y anunciaron que los autores serían juzgados por procedimientos sumarísimos como reos de un grave delito inferido a la nación española. Diez días más tarde se dirigía a los principales Bancos internacionales para denunciar el despojo. El 25 otro decreto declaraba nulas todas estas operaciones republicanas. El 14 de octubre Franco lo hizo por radio dirigiéndose a los gobiernos de todas las naciones denunciado el expolio, curiosamente alegando la Constitución de 1931, art. 8º. Además pronostica la toma inmediata de Madrid. (9). Esta línea de argumentación: la expoliación, ya no será abandonada por el franquismo y su mitología más recalcitrante.
Todas estas declaraciones y acusaciones seguramente afectaron a los dirigentes republicanos que forzaban precisamente en aquellos momentos la movilización del oro y no es difícil pensar que ello influiría, junto con la inminencia de la ayuda rusa, en un nuevo giro de la operación: el traslado de una parte de las reservas a la Unión Soviética, en un contexto lleno de rumores y exageraciones que afectaban a la credibilidad de la República en los círculos financieros y políticos internacionales. Por ello, el 15 de octubre Largo Caballero envió una carta a Marcel Rosemberg, embajador soviético, en la cual proponía trasladar a Moscú, en calidad de depósito, unas 500 toneladas de oro. Poco después, el agente de la NKVD en España conocido como Alexander Orlov recibía órdenes del propio Stalin para que actuase en consonancia con el gobierno republicano para el traslado de las reservas de oro españolas a la Unión Soviética. (10) ¿Qué había ocurrido en la 1ª quincena de octubre de 1936 para que Largo Caballero adoptara esta medida? Para entonces, en efecto, había empezado a materializarse la primera ayuda soviética, tanto directa como indirecta. El 15 de octubre llegaba a Cartagena el primer gran envío de material bélico soviético a bordo del Komsomol. El Kremlin se había puesto decididamente del lado republicano en el Comité de No intervención y la República había empezado a experimentar los efectos de boicoteo de varios bancos extranjeros que diferían urgentes transferencias de fondos para adquisiciones en el exterior.
El 17 de octubre Largo Caballero comunicaba a Rosenberg la intención de efectuar, con cargo al depósito, pagos de ciertos pedidos al extranjero y transferencias en divisas. Se utilizarían para ello los corresponsales del Banco de Estado soviético. El 22 de octubre Orlov se entrevistó con Negrín para iniciar los preparativos. Orlov se desplazó a Cartagena donde se encontró con el agregado naval de la embajada, Nikolai Kuznetsov. El plan consistía en utilizar los mercantes soviéticos que fuesen necesarios aprovechando que en aquellos días llegaban precisamente los suministros bélicos. Ese mismo día 22 Orlov y Méndez Aspe (director general de Tesoro) montaron el dispositivo iniciándose el 23 las actividades relacionadas con el envío a Moscú de una parte muy importante de las reservas almacenadas hasta entonces en los polvorines de La Algameca. El 25 puso rumbo a la Unión soviética el primero de los mercantes que transportaría el oro: el Jruso, con 2.000 cajas. Le seguirían el Neva, con 2.697, el Kim con 2.100 y el Volgores, con 983. A bordo de cada uno de ellos iba un clavero del Banco de España.
Los tres últimos barcos llegaron a Odessa el 2 de noviembre por la noche siendo descargados inmediatamente. Al día siguiente salieron en tren con destino a Moscú. El Jruso llegó más tarde por avería. El día 5 era entregado en el Depósito de Metales Preciosos de Moscú en presencia del embajador Marcelino Pascua y del Comisario de Negocios Extranjeros Krestinski que firmaron el correspondiente protocolo. Se hizo una comprobación aleatoria que finalizó el 20 de noviembre de 1936 extendiéndose el acta de recepción preliminar en el que constaba que de las 7.800 cajas recibidas se habían abierto y revisado el 2 % (156 cajas) y, además, todas las cajas dañadas (216 cajas). (11)
La Unión Soviética denunció ante el Comité de No Intervención la injusticia que se estaba realizando con el gobierno legítimo de España al impedir que se armase, permitiendo al mismo tiempo la llegada de armamento a los fascistas a través de Portugal, por tanto, su política a partir de ahora sería de apoyo a la República, constatable con los primeros envíos a Cartagena y tras haber accedido a responsabilizarse del oro y de las transferencias en divisas de la República. Mientras el oro español se aproximaba a Moscú, el almirante Canaris, jefe de los servicios de inteligencia militar del Tercer Reich se desplazaba a España con el siguiente plan para Franco: la ocupación de Madrid es de la máxima importancia para el reconocimiento del gobierno nacional por parte de Italia y Alemania, base para otorgarle amplias medidas de apoyo. Su propuesta concreta era la Legión Cóndor. Cuando el oro español llegaba a Moscú comenzaron a llegar los primeros contingentes de la Legión Cóndor. (12)
En el Mapa de Depósitos e Industrias de Guerra fechado a mediados 1938, elaborado por la Comandancia General de Artillería – SIA del Cuartel General del Generalísimo, aparece el Banco de España como objetivo número 18, señalado con una cruz y un punto inferior en rojo. El punto rojo identifica el objetivo en el plano. A estos símbolos se le añaden los códigos Mn (Municiones) y D (depósito de armas). (13)
El proyecto de voladura de Madrid fue ideado para destruir la ciudad y sus principales edificios en el caso de que fuera ocupada por los franquistas. Pudo ser en noviembre de 1936.
Este proyecto de minado y voladura de Madrid formó parte del plan de defensa de Madrid y fue desarrollado por el Batallón del Subsuelo de la Comandancia de Obras y Fortificaciones. Los cuadros de mando eléctrico para las voladuras se instalaron en el ministerio de Hacienda de la calle de Alcalá y en el Palacio Nacional.
En varios documentos del SIFNE franquista, uno de ellos específico de fecha 4 de junio de 1937, aparece el Banco de España como edificio minado y dice textualmente “En los sótanos del Banco de España están hechas las cargas para volarlo en el momento oportuno”. (14)
La última referencia que encontramos del Banco de España es en las Fuentes Primarias, recopiladas por Manuel de Vicente González. El día 24 de enero de 1937, domingo, en que un proyectil de artillería explotó en la cola del cine Gong, situado en la calle Marqués de Cubas nº 11, junto al Banco de España matando a 10 personas. (15)
Javier Egido
NOTAS:
1. Guía de Madrid, COAM, tomo I, 4ª edición, 1987 (pág. 179). Actualizada en https://guia-arquitectura-madrid.coam.org/#inm.F1.168
2. Zugazagoitia, Julián: Guerra y vicisitudes de los españoles. Tusquets, Barcelona 2007, 2ª ed. (pág. 318-319)
3. Sánchez Asiaín, José Ángel. La financiación de la guerra civil española. Crítica 2014. (pág.302-327)
4. VIÑAS, Ángel: El oro de Moscú. Alfa y omega de un mito franquista. Grijalbo, Barcelona, 1979. (pág. 12)
5. VIÑAS, 1979, (pág. 22)
6. VIÑAS, 1979, (pág. 37)
7. El oro de Moscú. Una perspectiva legal. Por Raúl C. Cancio. Frente de Madrid nº 33, junio 2018. (pág. 7)
8. VIÑAS, 1979, (pág. 132)
9. VIÑAS, 1979, (pág. 158)
10. VIÑAS, 1979, (pág. 166)
11. VIÑAS, 1979, (pág. 261)
12. VIÑAS, 1979, (pág. 267)
13. Fuentes Primarias AGMAV, Caja 2816, Cp 27 (plano). Pág. 319.
14. Fuentes Primarias AGMAV, CGG, R35, A5, L289, Cp18, F57-58 Pág. 3.203.
15. Fuentes Primarias, pág. 2.744, El Martirio de Madrid. E. Muñoz Barrón (“Ernesto Casanova”). Madrid, 1979. Texto mecanografiado. (Pág. 100).
